Para que triunfe el mal sólo es necesario que los buenos no hagan nada. Eso debió pensar el Gobierno Español de José Luis Rodríguez Zapatero al diseñar toda una batería de propuestas tendentes a demoler el andamiaje sobre el que se edificó la cultura y la moral españolas durante siglos.
Ajeno ya a cualquier propósito de mejora de la crisis, el ejecutivo central sólo obedece al firme propósito de destruir la fe católica para el establecimiento de un humanismo laico que corrompa el alma humana y convierta a las personas en objetos susceptibles de ser manipulados en nombre del Estado.
La última de las aportaciones de la logia gubernativa contra la influencia católica en España ha sido la Ley de Libertad Religiosa, cuya aprobación está prevista para antes del verano. Con esta ley, el Gobierno prentende herir de muerte a la institución católica en España, en beneficio de otras creencias ajenas a nuestro acervo histórico y a nuestro universo afectivo.
Se pretende de entrada regular la presencia de simbología católica en los espacios públicos. Así, cualquier español podrá ser detenido si exhibe un crucifijo en una institución dependiente del Estado. Asimismo, será motivo de despido laboral la tenencia de objetos católicos, tales como medallas, postales, rosarios… De la Ley de libertad religiosa no se librará ni el propio Rey, quien no podrá dar su tradicional discurso navideño junto a ningún símbolo que se identifique con la festividad.
El disparate es aún mayor al definirse con la nueva ley los derechos de musulmanes y judíos, quienes podrán tomarse libres las jornadas de viernes y sábado. El empresario que se oponga a ello por motivos estrictamente económicos podría ser severamente sancionado.
El Gobierno pretende también definir la naturaleza de las festividades religiosas. A este respecto, fuentes de la Conferencia Episcopal creen que la ley será el primer paso para terminar prohibiendo el carácter público de los edificios religiosos y de la propia religión católica. En este sentido y de acuerdo con la nueva norma, la festividad de la Inmaculada (8 de diciembre) desaparecería de nuestro calendario festivo.
La Ley de Libertad Religiosa pretende también el reforzamiento del papel de los líderes de las distintas confesiones “en la promoción de la cultura de la paz y la cohesión social”.
Pero el punto más polémico y delirante de la nueva ley será el poder que se arroga el Estado para supervisar hasta los sermones pronunciados en los oficios católicos. Es decir, si se considera que las prédicas de un sacerdote no concuerdan con el ideal laico del gobierno, se abre la posibilidad de entablar acciones legales contra el sacerdote ‘díscolo’. Ni Stalin se atrevió a tanto.
Incluso algunos altos cargos del gobierno defienden la imposición a los curas de un manual de principios doctrinarios que deberán ser defendidos en los pulpitos, tales como la ideología de género, la democracia, la libertad (según la entiende el Gobierno), el pacifismo e incluso algunos supuestos abortivos y eugenésicos.
Por último la Ley de libertad religiosa pondrá fin a los funerales católicos de Estado y revisará el concordato español con la Santa Sede.
Fuente: Alerta Digital
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