La marcha atea que se ha celebrado este sábado en Madrid ha sido más radical y más explícita en su incitación a la violencia que la del pasado año y las apelaciones al genocidio religioso no han sido impedidas por la Policía, tal como se comprometió a hacerlo la Delegación del Gobierno.
Los promotores de la manifestación atea, que convocaron bajo apariencia de legalidad para “sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de libertad de manifestación, libertad de expresión y la obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del estado” hicieron lo que mejor saben: insultar y despreciar a los creyentes.
Bajo los lemas De nuestros impuestos a las iglesias, CERO y Por la libertad de expresión y manifestación, los promotores de esta marcha lanzaron consignas que no dejan lugar a dudas con respecto a sus verdaderas intenciones:
Hay que quemar la conferencia episcopal por machista y patriarcal.
Rouco c......, trabaja de peón.
Cura muerto, cura bueno.
Cura muerto, cura en paz.
La iglesia que ilumina es la que arde.
Arriba, arriba, arriba, todos a luchar… que se metan por el c.... conferencia episcopal
La próxima JMJ, Somalia.
Menos religión y más educación.
La religión es como el pene: está bien tenerlo, pero no intentar metérselo a nadie por la fuerza.
Curas y militares, parásitos sociales.
Hasta los ovarios de tantos rosarios.
Menos crucifijos y más trabajo fijo.
Cuidado con la cartera, que viene Rouco.
Menos Papa y más carne con patatas.
Fuera las capillas de la universidad.
Que no nos representa ni Dios ¡ni Dios!
La Delegación del Gobierno en Madrid advirtió a los organizadores de esta demostración genocida:
“Si durante el transcurso de la manifestación se realizaran actos que […] supongan una ofensa a la religión católica la misma dejará de tener una finalidad lícita […] por lo que podrá procederse a su disolución”.
Miguel Vidal, portavoz de MásLibres.org, denuncia que el departamento que dirige Cristina Cifuentes incumplió hasta sus propios propósitos:
“La Delegación del Gobierno tiene una enorme responsabilidad. Advirtió a la Asociación de Ateos y Librepensadores y a la autodenominada Asamblea La Playa de Lavapiés de que disolvería el acto si incumplían la ley. NO solo no lo hicieron sino que además la presencia policial sólo sirvió para cortar las calles por las que transcurrió este aquelarre contra la libertad religiosa.
La propia Cristina Cifuentes refirió en el escrito remitido a los convocantes los términos en los que la ley española castiga los delitos por ofensas a los sentimientos religiosos:
“Artículo 525 del Código Penal 1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente a quienes los profesan o practican”.
Desde MásLibres.org Miguel Vidal señala que “no nos vamos a cansar de denunciar este tipo de atropellos a la legalidad vigente”:
“Esperamos que, de oficio, la Delegación del Gobierno denuncie ante la Fiscalía a los convocantes de esta marcha. Lo sucedido el pasado año con la anterior responsable del cargo, podía tener su explicación (que no justificación) en la cierta simpatía con la que se veía esta convocatoria desde la propia Delegación. Este año, la negligencia, de consumarse, será mucho más notoria, dado que existían antecedentes evidentes de las intenciones de estas asociaciones, como acreditamos”.
Fuente texto: Hazteoir.org
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