Cuando el Gobierno del PSOE, recién elegido en las urnas en 2008, anunció su intención de modificar la ley del aborto, lo justificó para evitar las malas prácticas de la antigua ley. Si se regulaba el aborto por plazos y se ponían trabas a los más tardíos y si, además, se daban «facilidades» para evitar los embarazos, como el acceso a la píldora del día después sin receta, la cifra de abortos, que ese año alcanzó su máximo histórico con más de 115.000, disminuiría. La norma que permite el aborto libre hasta las 14 semanas entró en vigor en julio de 2010 y, sólo unos meses después, la entonces ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, se apresuró a adelantar que los primeros datos eran halagüeños y que las interrupciones del embarazo habían disminuido. Se refería a 2009. Aunque la norma no había entrado en vigor, el Gobierno atribuyó a su «efecto» esta bajada. Sin embargo, los datos de 2010, el primer año de aplicación de la llamada «Ley Aído» por la ex ministra de Igualdad, su principal promotora no se conocieron hasta ayer, y confirmaron lo que ya se temía: las cifras no son las que el Ejecutivo había prometido: en 2010 se practicaron 113.031 abortos en España.
Se trata de la segunda mayor cifra desde que hay registros. Supone un aumento del 1,3 por ciento en relación a 2009. La tasa de interrupciones por cada 1.000 mujeres pasa de 11,41 a 11,49, y el incremento se constata en casi todas las comunidades autónomas, con la excepción de Cataluña, Aragón y Murcia. Sólo el notable descenso en la primera –que aun así se mantiene como la que más interrupciones del embarazo practica– evita que el total se dispare aún más.
El Gobierno socialista enfila sus últimos días en funciones, pero ayer no dejó de insistir en su interpretación positiva, e incluso triunfalista de estas cifras. De acuerdo con el comunicado de Sanidad, el número de abortos se ha «estabilizado». La nota subrayaba el descenso entre las más jóvenes, en los grupos de menores de 20 años y de 20 a 24.
Sin embargo, el Ministerio que aún dirige Leire Pajín decidió obviar otros factores, que no pasaron por alto los expertos. Por ejemplo, el descenso de la población y, más en concreto, de la población femenina en edad fértil. Margarita Delgado, demógrafa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se ha especializado en analizar las estadísticas del aborto para evaluar las tendencias, explicó a este periódico, aun sin conocer las cifras en profundidad, que «en España hay menos chicas de 25 años y menos que hace unos años, por lo que es lógico que baje el aborto».
Tampoco tuvo en cuenta Sanidad que el número total de embarazos también ha descendido en España, como consecuencia de la caída poblacional. Así, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2010 se produjeron 597.086 embarazos, frente a los 606.479 del año anterior. Así que el porcentaje de abortos sobre embarazos sube de un 18,38 por ciento a un 18,98. El último y quizá más significativo dato que excluyó Sanidad fue el descenso de la inmigración. Se trata de una variable que influye mucho en esta estadística, puesto que cuatro de cada diez mujeres que abortan han nacido fuera de nuestras fronteras, sin contar a las 2.065 que vinieron a España a someterse a esta intervención, el llamado «turismo abortista».
En cuanto a las menores, que con la nueva ley pueden abortar sin que sus padres se enteren a partir de los 16 años, la estadística no aclara cuántas se han acogido a este nuevo «derecho». Sanidad ha aplicado la metodología habitual: hacer dos grupos de edad, el de menores de 15 y el de 15 a 19. En estos dos grupos, 14.000 jóvenes abortaron (426 menores de 15 años). De ellas, 2.000 repetían y acudieron a la clínica por segunda, tercera vez o más (16 entre las más jóvenes). El hecho de someterse a más de un aborto no es exclusivo de las jóvenes: el 35 por ciento del total de las pacientes se había sometido antes a otra interrupción del embarazo. Sobre el permiso paterno no hay ningún dato en el estudio hecho público ayer. La única información al respecto es la estimación de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Esta entidad, que agrupa a 30 clínicas españolas, asegura que en torno al 13 por ciento de las pacientes tienen 16 y 17 años y, de ellas, el 3 por ciento abortan sin que su familia lo sepa.
Por cierto que las clínicas privadas de abortos no han perdido ni un ápice de negocio con la nueva ley, que da derecho a abortar con cargo a las arcas públicas. Al contrario: la práctica totalidad de las interrupciones se sigue llevando a cabo en estos centros, sólo que ahora cuentan con conciertos con la Sanidad pública. Para el presidente de ACAI, Santiago Barambio, la razón es que son «clínicas especializadas», pero lo cierto es que la gran mayoría de los ginecólogos de hospitales públicos se niega a practicar abortos. Por eso, Barambio duda de que autonomías como Baleares, que anunció ayer que retiraba las subvenciones a las clínicas de abortos «sean capaces» de cumplir su promesa.
La Razón /Rosa Serrano
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