El Departamento de Salud catalán estima que entre ambos centros realizarían 1.068 abortos al mes, la mitad de los que se practican en ese periodo en la comunidad. Hay 12 clínicas autorizadas en la región.
La Generalitat de Cataluña, a través del Servei Català de la Salut CatSalut, ha otorgado 498.756,72 euros a sólo dos clínicas privadas para practicar abortos. Para ello se basan en la estimación de los 1.068 abortos mensuales que entre ambos centros han previsto practicar. Se trata de las empresas barcelonesas Clínica d’Ara-Agrupació Tutor Mèdica y el Centro Casanovas de Ginecología y Planificación Familiar, S. L., según consta en la resolución de adjudicación del contrato publicada el pasado 8 de julio de 2011.
Si se tienen en cuenta los datos publicados por el Idescat (el Instituto de Estadística de la Generalitat), en 2009 se practicaron 26.046 abortos en Cataluña, lo que supone 2.170 interrupciones de embarazos al mes. Como se apunta anteriormente, según estas cifras entre las dos clínicas se realizarían la mitad de los abortos previstos en Cataluña cada mes.
La cifra es elevada si se tiene en cuenta que el Departamento de Sanidad catalán suma un total de 12 clínicas acreditadas para la práctica de los abortos en toda la comunidad.
Precios
En la resolución publicada el pasado 8 de julio aparece una tabla en la que se detallan tanto las previsiones abortivas como sus precios. Por ejemplo, los abortos entre 20 y 22 semanas con anestesia general o sedación se cobran a 1.300 euros cada uno, lo que supondría ganar 52.000 euros por parte de la clínica abortiva, si abortan 40 catalanas como estiman. Los abortos entre 16 y 19 semanas con anestesia general o sedación se pagarían a 715 euros cada uno, lo que según el pronóstico de 100 casos por mes sería un coste para la Generalitat de 71.500 euros.
Por otra parte, los abortos hasta 15 semanas practicados por el Centro Casanovas de Ginecología y Planificación Familiar, S.L. tendrían una tarifa que estaría un poco por encima de la media, según fuentes consultadas por este periódico.
Según la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, los abortos se pueden practicar libremente hasta la semana 14, además de permitir a partir de los 16 años abortar sin el consentimiento paterno. Entre la semana 20 y la 22 se limitarían a cuando exista un grave peligro para la mujer o a una malformación del feto. Este último caso es especialmente polémico por el avanzado estado de gestación.
Imprevisiones
La estimación inicial del Gobierno autonómico era destinar en un principio 296.834,01 euros a la gestión privada de los abortos, según el anuncio del concurso de licitación incluido en el Cuadro de Características del Acuerdo Marco del 23 de marzo de 2011.
Esta partida presupuestaria se modificó el pasado 8 de julio, incrementándose esta en 201.922,71 euros y siendo la suma total de 498.756,72 euros el gasto mensual previsto para los abortos practicados.
Según el Diari Oficial de la Generalitat del 6 de abril de 2011, el precio del contrato supone un importe anual total de 3.562.008,10 millones de euros, suponiendo el coste total en cuatro años de 14.248.032,40 millones de euros. Presupuesto que no sería suficiente si se cumplieran las previsiones de casos de abortos y tarifas de las dos clínicas, cuyo gasto supondría medio millón de euros al mes.
Negocio rentable
La gestión privada de los servicios sanitarios, en este caso abortos, se ha convertido en un suculento negocio. A raíz de la aprobación de la Ley del Aborto de 2010, que entre otras novedades permite abortar a menores de 16 años sin el consentimiento de los progenitores, muchas clínicas han diversificado e incluso han cambiado de especialidad médica para llevar a cabo la interrupción del embarazo. Si en abortos no se recorta, sí se reducen el número de camas hospitalarias y los Centros de Atención Primaria de la red pública sanitaria.
Como ya informó LA GACETA, el CatSalut derivó el año pasado a 1.904 mujeres que querían abortar a las clínicas que mantenían concierto con la Generalitat. El cumplimiento legal en materia abortiva supuso para las arcas públicas catalanas destinar 709.000 euros en el año 2010. Mientras tanto, el Gobierno de Artur Mas continúa recortando presupuesto destinado a Sanidad, algo que está provocando el cierre de hospitales y la reducción de los horarios de atención nocturna.
La Gaceta / Javier Molina. Madrid
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